Según el juez, hay indicios de que el alcalde, que tenía entonces capacidad de otorgar licencia para la ejecución de obras menores, se la concedió a su esposa siendo "consciente de que realmente no se realizarían tales obras sino una nueva construcción".
En el auto, el juez señala que hay indicios de que Miranda y su mujer llevaron a cabo, como promotores y en calidad de copropietarios, obras destinadas a levantar una nueva construcción y la realización de obras mayores "incompatibles" con la calificación del suelo en el que se hicieron.
En concreto, la finca se encuentra dentro de la Reserva Natural Parcial de Cueva Rosa y, según la normativa vigente, está considerada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
El auto del juzgado precisa que cuando se hicieron dichas obras, Miranda ya ostentaba la Alcaldía de Ribadesella, concejo en el que se ubica la finca y las construcciones objeto de la querella.
"Con la cooperación necesaria de su esposa idearon el llevar a cabo dichas obras a sabiendas de su ilegalidad", señala el auto al referirse a los indicios que han llevado al juez a continuar con la tramitación de las diligencias previas abiertas a raíz de la querella presentada por un particular en septiembre de 2004.
Añade que la mujer del alcalde, procedió a solicitar la licencia para reparar por 2.540 euros el tejado de la cabaña y los muros del llagar anexo, construcciones que se encontraban en "estado de total ruina".
Miranda resolvió otorgar la licencia para "tales obras menores" siendo consciente de que se iba a hacer una "nueva construcción" y, por lo tanto, una obra mayor que requería de un proyecto técnico y un cambio de uso, que tuvo un coste aproximado de 50.000 euros.
Ante estos hechos, el juez imputa a Miranda y a su esposa como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, y al alcalde como autor de otro presunto delito de prevaricación urbanística, del que también considera "cooperadora necesaria" a Irene Vidal.
Las partes disponen ahora de un plazo de diez días, a contar desde la notificación del auto, para presentar escrito de acusación, solicitar la apertura de juicio oral o pedir el sobreseimiento de la causa.
El Gobierno del Principado, en manos del PSOE, mantiene desde hace años una batalla judicial para intentar el derribo de ambas construcciones, que han sido declaradas ilegales. EFE
DE VERGOÑA, Y TOVIA HAI QUIÉN DEFIENDE A ESTI CHORIZU. MENOS MAL QUE AUNQUE GANE LA XUSTICIA VA FACENOS UN FAVOR A TOXS |